Javier Sicilia en el Civic Space Park en la ciudad de Phoenix, Arizona.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) descalificó hoy la iniciativa de Ley de Víctimas promovida la semana pasada por el presidente Felipe Calderón.
En una videoconferencia de prensa desde Estados Unidos, el dirigente de esa organización, el poeta Javier Sicilia, aseguró que dicha iniciativa es un “engaño más” del mandatario, quien, desde su punto de vista, “ha actuado con base a sus caprichos, indiferencia y frivolidad frente a los ciudadanos víctimas de la violencia del sexenio”.
A su juicio, la nueva versión calderonista es una “ley asistencialista, subordinada a la política de seguridad y burocratizada”, así como “inútil y perniciosa” para las víctimas, por lo que pidió al Poder Legislativo que haga valer su autonomía y defienda la ley.
“Hoy es más contundente que nunca que Felipe Calderón no tuvo voluntad política para establecer una política integral de atención a las miles de personas que no cesan de clamar por sus derechos a la justicia, a la verdad y a la memoria. La iniciativa de ley de víctimas de Calderón, que busca oponerse a la Ley de víctimas hecha e impulsada por las víctimas, es un engaño más del Presidente en esta dolorosa historia de violencia e irresponsabilidad.
“Con ella quiere suplantar una ley de derechos humanos de las víctimas por una ley de asistencialismo”.
Desde las oficinas de Cencos, el escritor Javier Sicilia sostuvo que la nueva propuesta de Calderón es “lamentable, pobre e inconsistente”.
Recordó que Calderón vetó la ley aprobada en abril pasado por todos los partidos políticos en las cámaras de Diputados y de Senadores, y en cuya elaboración participaron expertos de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Según el MPJD, este lunes se cumplen “66 días de desacato constitucional” del presidente, quien debió publicar esa ley que ya había sido promulgada. Sin embargo, el 1º de julio pasado la congeló y, posteriormente, promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Movimiento pidió al Presidente saliente que “cumpla su palabra”, retire la controversia y promulgue la ley aprobada.
“La actuación del Ejecutivo en este asunto es evidentemente contradictoria, ambigua con las víctimas, irrespetuosa con los Poderes Legislativo y Judicial, violatoria de las normas constitucionales que regulan el proceso legislativo y las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos de las víctimas. La iniciativa del Presidente no responde a las víctimas, sino al interés de ejercer un control político de los terribles daños que ha causado su política de seguridad”, indicó la agrupación.
En el análisis que el Movimiento por la Paz hizo de “la versión de Calderón de Ley de Víctimas”, cuestionó los siguientes puntos:
–La ley de Calderón es una contradicción. Con el mismo argumento que el Ejecutivo Federal inició su controversia constitucional, argumentando la falta de atribuciones del legislativo pata legislar una Ley General envía una nueva propuesta de Ley General. No se tomó la molestia de explicar la causa de su cambio de opinión y, mientras tanto, sigue corriendo el tiempo en el cual se encuentra en franco desacato del artículo 72 B constitucional, que lo obliga a publicar esta Ley desde el 29 de junio pasado.
–Pobreza de la política de atención a víctimas. El Ejecutivo federal sigue respondiendo a la emergencia nacional con paliativos normativos y placebos institucionales como Províctima, que, independientemente de la buena intención y el esfuerzo sincero de algunas/os de quienes laboran en esa institución, hacen de las víctimas un objeto pasivo de atención asistencialista, en vez de reconocerlos como titulares de los derechos que la Constitución les reconoce. La pobreza de la política de atención a víctimas propuesta en la Ley de Calderón se ve reflejada, entre otras cosas, justamente en pretender que el andamiaje institucional que estará a cargo de garantizar y proteger los derechos de las víctimas sea Províctima y una conferencia nacional de “províctimas” locales.
“Con ello, el Ejecutivo busca evitar la participación activa de las víctimas en el diseño e implementación de las medidas para su atención, así como reducir la política de Estado en la materia a medidas de alcance individual y colectivo limitado”.
–Subordinación de la política de víctimas a la estrategia de seguridad. Aunado a la pobreza del esquema institucional que plantea la Ley de Calderón, encontramos que la Conferencia Nacional Províctima propuesta se encuentra subsumida al Sistema Nacional de Seguridad Pública, evidenciando que el enfoque de los “daños colaterales” sigue vigente, y que la demanda de atención de las víctimas en México es un mero subtema para la medición de indicadores de la política de seguridad.
–Desprecio a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La Ley de Calderón es un retroceso tras la incorporación a la Constitución de los derechos humanos de las víctimas a recibir reparación integral por el daño sufrido, como reconoce el artículo 1º párrafo tercero desde el 10 de junio de 2011; en vez de proponer una legislación que se ocupe de manera integral del problema de la victimización que surge tanto de la violencia del crimen como de la violencia causada por el abuso de agentes del Estado, el Presidente persiste en su afán de desconocer a este último grupo de víctimas, cada día mayor, convirtiéndolas en víctimas de orden menor que no tienen los mismos derechos que las víctimas de la delincuencia.
¿Dónde queda la responsabilidad del Estado, dónde queda la exigencia de las víctimas cuando hay violaciones graves derechos humanos y delitos contra la humanidad?
–La ley de Calderón es una burla a los Poderes Legislativo y Judicial y un abuso de atribuciones. Con esta iniciativa el Ejecutivo emite un mensaje preocupante de desdén a la separación de Poderes y al respeto al trabajo parlamentario y judicial, pues parece dispuesto a querer imponer su veto de facto desafiando la aprobación unánime de la Ley General de Víctimas en ambas Cámaras (aprobada incluso por su partido), desestimando que la SCJN se encuentra ahora atendiendo a una controversia que él mismo promovió y abusando, en suma, de sus atribuciones constitucionales, como si el proceso legislativo no existiera y el Ejecutivo pudiera legislar a su antojo y usar ala Judicatura como pieza en una estratagema de postergación y distracción.
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